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Opinion - Dime dónde twitteas y te diré dónde andas

Dime dónde twitteas y te diré dónde andas

Por: 
Invg. Enrique Espinosa Terán

La “geolocalización” o también denominada “georreferenciación” es la ubicación de un aparato de comunicación (teléfono móvil, procesador personal, tablet, iPad, iPod, etc.) que se sirva de la red satelital para enviar o recibir información; cuya posición exacta se puede ubicar, triangulando con los vectores que van trazando sus emisiones electrónicas.

 

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación examina sobre la Constitucionalidad de un precepto que aparece en nuestra carta Magna desde hace años: La Constitución dice que la geolocalización deberá ser autorizada por el Poder Judicial Federal, y el Código de Procedimientos dice que basta con una petición del Procurador.

 

Aunque es tema de análisis para buscar la conciliación doctrinal y constitucional; el fondo en realidad no debería ser cómo está redactado, sino para qué sirve. En este sentido cabe la pregunta ¿Cómo se cuida

de dichos valores cuando la delincuencia ha evolucionado al punto de refinar sus sistemas criminales?

 

¿Vulnera los derechos humanos el localizar a un criminal mientras extorsiona o secuestra mediante un teléfono móvil a un ciudadano? En estricto sentido, lo que hace es proteger los derechos de la colectividad.

 

José Antonio Gonzáles Fernández, apunta (citando a Enrique Pérez Luño) que “los derechos humanos o derechos fundamentales pueden ser conceptualizados como un ‘conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, los cuales deben ser reconocidos positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”1.

 

Este hacer exigible el respeto de los derechos de todos para que sea respetado el de uno, nos dilucida el problema de tajo: No hay Derecho contra el Derecho. No se puede invocar la defensa de los derechos de

quien está delinquiendo organizadamente para lesionar a la sociedad.

 

Los adelantos tecnológicos deben evitar que el derecho quede a la saga del hecho; y para ello es plausible y totalmente legítima la solicitud inmediata los concesionarios de la intervención de la comunicación;

y para evitar el temor de un mal manejo de dicha potestad, recordemos que la policía investigadora debe poseer el primer recurso con que cuenta un científico: la inteligencia, y en ello el poner su sapiencia

al servicio del bien común.

 

1 González Fernández, José Antonio.-“EL FALSO DILEMA: DERECHOS HUMANOS CONTRA SEGURIDAD PÚBLICA”; inserto en “USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA”; Editorial INACIPE, 1ª Reimpresión 2009, México, DF